–Con información de Notimex.
Ciudad de México, 7 de ene (SinEmbargo).– A casi año y medio del crimen colectivo de 52 personas en el casino Royale, la CEDH emitió recomendaciones en la que exige a autoridades de Nuevo León y municipales reparar daños a víctimas y familiares, así como emprender acciones penales contra funcionarios que hayan sido omisos.
Al pormenorizar, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Martínez Garza, señaló que ante la serie de omisiones en ambos niveles de autoridades, exigen se castigue conforme a derecho a todos aquellos que en menor o mayor medida tengan alguna responsabilidad.
«Esta recomendación en conjunto va formulada al gobierno del Estado de Nuevo León, a través del secretario General de Gobierno, el procurador General de Justicia del Estado, la Dirección de Protección Civil del Estado y la Dirección de Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo del Estado», precisó.
De igual forma, es extensiva a «la Presidencia Municipal y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey», subrayó.
Dentro de las recomendaciones dadas a conocer, exige «se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa y penal para secretario General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Monterrey, Dirección de Inspección del Trabajo».
También pide «se fortalezcan las capacidades institucionales de los servidores públicos, en dichas dependencias, además de cumplirse con la función de supervisión de los establecimientos comerciales, en particular los casinos, para constatar que cuenten, permanentemente, con un programa especifico de protección civil».
Otra exigencia es promover ante la Procuraduría General de Justicia del Estado el deslinde de responsabilidades que conforme a derecho procedan.
Respecto a la atención a las víctimas y a sus familiares, la recomendación exige a las autoridades citadas «se indemnice en el pago de los ingresos que tanto los lesionados como sus familiares y las familias de las 52 personas que fallecieron, hayan dejado de percibir».
Asimismo, que a los familiares de los fallecidos se les indemnice en el reembolso de gastos funerarios, así como los derivados de los tratamientos médicos y psicológicos brindados tanto a los lesionados, como a sus familiares y a los familiares de los fallecidos, entre otras.
Las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dicta hoy, «coinciden totalmente con las cuatro recomendaciones que en su momento dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos», puntualizó.
PGR RESTITUYÓ ROYALE A DUEÑOS: ALCALDESA MARGARITA ARELLANES CERVANTES
La alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes reveló que desde noviembre anterior la PGR restituyó sus derechos a los propietarios del casino Royale, por lo que rechazó injerencia en el retiro de las 52 cruces en el inmueble.
En conferencia de prensa, la munícipe recordó que al ser asegurado lo que fue el centro de apuestas, policías regiomontanos vigilaron el sitio, pero los retiraron hace poco más de un mes por la decisión federal.
«Tuvimos (policías), pero los retiramos porque la Procuraduría General de la República (PGR) nos informó el 30 de noviembre, vía oficio que dentro del proceso había restituido los derechos a los propietarios del inmueble», apuntó.
«La PGR es quien tiene que determinar bajo qué condiciones se les está regresando la posesión, uso goce y disfrute a los propietarios (del casino)», manifestó.
Lo anterior, al remarcar que el lugar en el que 52 personas fueron asesinadas el 25 de agosto de 2011 «se trata de un terreno privado, -y- le corresponde a la PGR determinar los alcances de la restitución que hizo a los propietarios sobre los derechos a ese inmueble».
Ante estos argumentos, dijo que no se justifica la medida cautelar al municipio que promueve la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ante el retiro de 52 cruces y que hoy fue denunciado por deudos de las víctimas.
En todo caso, enfatizó Arellanes Cervantes, la recomendación o exhorto del organismo deberá dirigirse a la PGR y no a la administración municipal.
